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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por una ciudadana en cont…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por una ciudadana en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, por la negativa de este organismo a entregar una carpeta investigativa. El órgano fiscalizador había invocado la reserva de privilegio deliberativo, pero el Consejo concluyó que se trataba de información pública en poder de la Superintendencia y que la causal de reserva no se configuraba. En consecuencia, ordenó la entrega de la información, previa eliminación de todo dato que permita identificar a menores de edad, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Se fijó un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, acreditando la entrega ante el Consejo. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos, con las limitaciones que establece la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo público negarse a entregar una carpeta investigativa alegando privilegio deliberativo según la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la Superintendencia no podía invocar la reserva de privilegio deliberativo, pues se trataba de información pública y la causal no se configuraba. Por ello acogió el amparo y ordenó la entrega.

¿Qué debe hacerse con los datos de menores de edad al entregar información pública en un amparo de transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información previa eliminación de todo dato que permita identificar a menores de edad, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

¿Cuál es el plazo para cumplir una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información y qué recurso procede contra ella?

En este caso, se fijó un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, acreditando la entrega ante el Consejo. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos.

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