Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago de un montepío en el que concurren varias beneficiarias, estableciendo que la prestación debe pagarse desde la fecha de fallecimiento del causante, pues la interesada la solicitó en tiempo y forma. Asimismo, concluyó que la distribución del beneficio entre las asignatarias es una facultad privativa de la autoridad administrativa, la cual, una vez ejercida mediante la resolución correspondiente, se agota y deviene irrevocable, de modo que el reparto efectuado se ajustó a la normativa vigente. En consecuencia, ordenó a la subsecretaría respectiva regularizar la situación previsional de las causahabientes y cobrar las sumas que habrían percibido indebidamente hasta la fecha de la resolución que fijó la distribución, devolviendo el expediente acompañado.