El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado contra la Municipalidad de Lanco, ordenando la entrega de antecedentes y documentación sobre la actividad denominada 'quema del mono' correspondiente a los años 2015 a 2023. Se consideró que se trata de información de naturaleza pública, realizada con recursos públicos, y que no se acreditó su entrega al solicitante. Se desestimó la causal de secreto o reserva invocada por el municipio respecto de los documentos de 2015 a 2022, conforme al artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Previo a la entrega, el órgano deberá tarjar datos personales de contexto y sensibles en aplicación del principio de divisibilidad. La decisión ordena la entrega efectiva bajo apercibimiento de multas y sanciones para la autoridad municipal en caso de incumplimiento.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Oficio Ord. N° 140
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede entregar documentos de una municipalidad sobre una actividad pública financiada con recursos públicos cuando el municipio invoca reserva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó la entrega, al considerar que la información es de naturaleza pública y fue realizada con recursos públicos. Desestimó la causal de secreto o reserva invocada por el municipio respecto de los documentos de 2015 a 2022.
¿Debe el órgano público tarjar datos personales antes de entregar documentos bajo la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó que, previo a la entrega, el órgano tarje los datos personales de contexto y sensibles, aplicando el principio de divisibilidad. Así, la entrega se realiza sin exponer esos datos.
¿Qué consecuencias tiene para una municipalidad no cumplir una orden de entrega de información dictada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega efectiva de los antecedentes bajo apercibimiento de multas y sanciones para la autoridad municipal en caso de incumplimiento. La decisión fija así un mecanismo de presión para asegurar el cumplimiento.
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