El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo presentado contra el Gobierno Region…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo presentado contra el Gobierno Regional del Biobío, que buscaba acceder a información sobre la gestión de la Gobernación respecto de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Chile y familias pehuenches. El órgano requerido sostuvo que no tenía en su poder la información solicitada, y el Consejo no encontró antecedentes que contradijeran esa afirmación. Como los documentos datan de 2004, época en que el gobierno interior de la región correspondía al Intendente, el Consejo resolvió derivar de oficio la solicitud a la Delegación Presidencial Regional del Biobío, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación de la Ley de Transparencia, para que se pronuncie sobre lo requerido. La decisión fue adoptada por unanimidad de los consejeros presentes.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué hace el Consejo para la Transparencia si el organismo requerido dice que no tiene la información solicitada?
En este caso, el Consejo rechazó el amparo porque el órgano requerido afirmó no tener la información y no hubo antecedentes que contradijeran esa afirmación. Además, derivó de oficio la solicitud a la Delegación Presidencial Regional del Biobío, por tratarse de documentos de una época en que el gobierno interior correspondía al Intendente.
¿Puede el Consejo para la Transparencia derivar de oficio una solicitud de información a otro organismo?
En este caso, el Consejo lo hizo en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación de la Ley de Transparencia, para que el organismo que corresponde se pronuncie sobre lo requerido. La decisión se adoptó por unanimidad de los consejeros presentes.
¿Qué pasa con una solicitud de acceso a información sobre documentos antiguos de un gobierno regional?
En este caso, el Consejo consideró que los documentos, de una época en que el gobierno interior de la región correspondía al Intendente, debían ser evaluados por la Delegación Presidencial Regional. Por eso derivó la solicitud a ese organismo para que se pronuncie.
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