El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una sociedad de leasing respecto de la expresión "solo" del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. La gestión pendiente se originó en un cobro de peaje ante un Juzgado de Policía Local, donde la requirente fue condenada al pago de una multa y del peaje adeudado, y luego se le impidió apelar una resolución que rechazó su objeción a la liquidación de la sentencia. La requirente alegó que dicha expresión vulneraba el debido proceso al impedir recurrir resoluciones que no fueran sentencias definitivas. Al producirse empate de votos, el Tribunal no obtuvo la mayoría exigida para declarar la inaplicabilidad, por lo que rechazó el requerimiento, alzó la suspensión del procedimiento y no condenó en costas por estimar que existió motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Art. 32, inciso primero, Ley N° 18.287
Art. 42 Ley de Concesiones de Obras Públicas
Art. 93, inciso primero, N° 6°, Constitución Política de la República
Art. 93, inciso decimoprimero, Constitución Política de la República
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Art. 170 N° 4 y 5 Código de Procedimiento Civil
Art. 171 Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes
¿Puede impugnarse por inconstitucionalidad la limitación de los recursos en el procedimiento ante Juzgados de Policía Local por vulnerar el debido proceso?
En este caso, la requirente alegó que la expresión "solo" del artículo 32 vulneraba el debido proceso al impedir apelar resoluciones que no fueran sentencias definitivas. El Tribunal rechazó el requerimiento por no reunir la mayoría de votos necesaria para acogerlo.
¿Se deben pagar costas cuando se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la requirente, por estimar que existió motivo plausible para litigar. Además, alzó la suspensión del procedimiento que pendía ante el tribunal de origen.
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