Resumen
La Contraloría General de la República, mediante dictamen, se pronuncia sobre la aplicación del procedimiento de regularización de la pequeña propiedad inmueble del decreto ley N° 2.695, de 1979, aclarando su dictamen N° 42.084, de 2017, y complementando los dictámenes N°s 11.662, de 1985, y 26.443, de 1987. Se resuelve que dicho procedimiento no resulta aplicable a predios que formen parte de loteos irregulares en áreas rurales que configuren posibles nuevos núcleos urbanos, pues ello alteraría la planificación territorial. En tales casos, la autoridad debe exigir el cumplimiento del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, incluyendo las aprobaciones e informes favorables correspondientes, y ejercer las acciones penales pertinentes ante infracciones. Se releva el deber legal de cautelar que las subdivisiones rurales con fines ajenos a la agricultura no originen núcleos urbanos al margen de la planificación, y se insta al Ministerio de Bienes Nacionales a solicitar informes a otros organismos para resolver las solicitudes de regularización.