Resumen
La Superintendencia de Salud, mediante oficio circular, precisó las instrucciones sobre la obligación de los prestadores de informar, a través de la aplicación informática habilitada en su sitio web, a los beneficiarios de la Ley N° 20.850 (Ley Ricarte Soto) que ingresen a sus establecimientos por cualquier condición de salud que implique urgencia vital o secuela funcional grave. Esta instrucción rectifica el Oficio Circular IF/N° 25, aclarando que la obligación de informar no se limita a los casos de urgencia vital, sino que también comprende la secuela funcional grave. En tales circunstancias, los costos de los tratamientos cubiertos por dicha ley, proporcionados por prestadores que no pertenezcan a la red aprobada por el Ministerio de Salud, serán reembolsados por el Fondo Nacional de Salud con cargo al Fondo para D.T.A.C.. El oficio entró en vigencia desde su notificación.