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Seguridad social

La Superintendencia de Salud, mediante oficio circular, precisó las instrucciones sobre…

Oficio · Superintendencia de Salud · 2016

Resumen

La Superintendencia de Salud, mediante oficio circular, precisó las instrucciones sobre la obligación de los prestadores de informar, a través de la aplicación informática habilitada en su sitio web, a los beneficiarios de la Ley N° 20.850 (Ley Ricarte Soto) que ingresen a sus establecimientos por cualquier condición de salud que implique urgencia vital o secuela funcional grave. Esta instrucción rectifica el Oficio Circular IF/N° 25, aclarando que la obligación de informar no se limita a los casos de urgencia vital, sino que también comprende la secuela funcional grave. En tales circunstancias, los costos de los tratamientos cubiertos por dicha ley, proporcionados por prestadores que no pertenezcan a la red aprobada por el Ministerio de Salud, serán reembolsados por el Fondo Nacional de Salud con cargo al Fondo para D.T.A.C.. El oficio entró en vigencia desde su notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.850
  • Artículo 3° de la Ley 20.850

Preguntas frecuentes

¿Qué obligación tienen los prestadores de salud respecto de los beneficiarios de la Ley Ricarte Soto que ingresan a sus establecimientos?

Según este oficio de la Superintendencia de Salud, los prestadores deben informar, a través de la aplicación habilitada en su sitio web, a los beneficiarios de la Ley N° 20.850 que ingresen por una condición de urgencia vital o secuela funcional grave. Esta instrucción rectifica el Oficio Circular IF/N° 25.

¿La obligación de informar a la Superintendencia de Salud se limita solo a los casos de urgencia vital en la Ley Ricarte Soto?

No. En este oficio, la Superintendencia aclara que la obligación de informar no se limita a las urgencias vitales, sino que también comprende las secuelas funcionales graves.

¿Quién paga los tratamientos de la Ley Ricarte Soto cuando el prestador no pertenece a la red aprobada por el Ministerio de Salud?

Según este oficio, en esas circunstancias los costos de los tratamientos cubiertos por la ley son reembolsados por el Fondo Nacional de Salud con cargo al Fondo para D.T.A.C. La instrucción rige desde su notificación.

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