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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2025

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra una licitación pública municipal destinada a la instalación de luminarias en distintos sectores. La recurrente cuestionó el acta de evaluación de las ofertas. El tribunal acogió parcialmente la impugnación y declaró ilegal y arbitraria esa acta únicamente en la parte que evaluó el criterio de experiencia de dos oferentes, por haberse aplicado erróneamente el criterio y la fórmula establecidos en las bases del certamen y por haberse considerado documentos no idóneos. En lo demás, rechazó la acción. Sin embargo, no dispuso medidas para restablecer el imperio del derecho, porque las obras ya estaban concluidas y recibidas sin observaciones y los errores no alteraron la posición final de los oferentes, adjudicándose el contrato a quien correspondía. Finalmente, ordenó que cada parte pagara sus propias costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el acta de evaluación de una licitación pública aplica mal el criterio de experiencia de las bases?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria el acta de evaluación únicamente en la parte que evaluó el criterio de experiencia de dos oferentes, por aplicar erróneamente el criterio y la fórmula de las bases y considerar documentos no idóneos.

¿Se pueden adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho si las obras de la licitación ya están concluidas?

En este caso, el Tribunal no dispuso medidas para restablecer el imperio del derecho porque las obras ya estaban concluidas y recibidas sin observaciones, y los errores no alteraron la posición final de los oferentes, adjudicándose el contrato a quien correspondía.

¿Quién paga las costas en una impugnación parcialmente acogida ante el Tribunal de Contratación Pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública ordenó que cada parte pagara sus propias costas, tras acoger parcialmente la impugnación y rechazarla en lo demás.

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