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El Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de un oferente contra la adj…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de un oferente contra la adjudicación de una licitación pública municipal de alumbrado público, en la que se discutía la procedencia de una segunda evaluación de ofertas y la exclusión de la oferta del recurrente. El tribunal rechazó la acción, tras razonar que la evaluación de ofertas constituye un proceso dinámico y progresivo que no se agota en una sola actuación, y que la entidad licitante actuó dentro de sus atribuciones al efectuar las revisiones necesarias para resguardar la transparencia del procedimiento, conforme a los principios de legalidad, igualdad de los oferentes y libre concurrencia consagrados en la Ley N°18.575. En consecuencia, declaró rechazada la impugnación y dispuso que cada parte pagara sus respectivas costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad licitante realizar una segunda evaluación de ofertas en una licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que la evaluación de ofertas es un proceso dinámico y progresivo que no se agota en una sola actuación, por lo que la entidad licitante actuó dentro de sus atribuciones al efectuar las revisiones necesarias para resguardar la transparencia del procedimiento.

¿Procede impugnar la adjudicación de una licitación si la entidad revisa nuevamente las ofertas?

En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación de un oferente contra la adjudicación, tras concluir que las revisiones adicionales de las ofertas se ajustaron a los principios de legalidad, igualdad de los oferentes y libre concurrencia de la Ley N°18.575.

¿Qué principios aplican cuando una entidad licitante revisa las ofertas en un procedimiento de licitación?

En este caso, el Tribunal señaló que la entidad licitante debe resguardar la transparencia del procedimiento conforme a los principios de legalidad, igualdad de los oferentes y libre concurrencia consagrados en la Ley N°18.575.

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