Resumen del criterio jurisprudencial
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a la acusada a siete años de presidio mayor en grado mínimo y una multa por tráfico ilícito de drogas el 2 de febrero de 2026. La defensa interpuso recurso de nulidad alegando violaciones al debido proceso, la intimidad y la libertad ambulatoria al no existir indicio suficiente para la detención y al uso de un perro detector sin autorización judicial. El recurso se basó en los artículos 373 letra a) y b) del Código Procesal Penal y en normas constitucionales. La Corte Suprema, tras analizar la legalidad del control de identidad y la validez del indicio generado por el perro detector, consideró que la actuación policial se ajustó a lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal. En consecuencia, desestimó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia. La decisión fue tomada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Valderrama, Llanos, Gajardo, Zepeda y la abogada integrante Tavolari, sin opiniones disidentes.