El Primer Juzgado de Policía Local de Copiapó conoció una denuncia por infracción a la…
Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE COPIAPO · 2023
Resumen
El Primer Juzgado de Policía Local de Copiapó conoció una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor presentada por un cliente contra un banco, por operaciones y pagos no autorizados en su cuenta corriente y tarjeta de crédito. El tribunal concluyó que el banco no acreditó haber adoptado las medidas de seguridad y verificación exigidas por la normativa financiera para prevenir fraudes, ni que el consumidor hubiera actuado con dolo o culpa grave, descartando que las campañas publicitarias sobre estafas trasladaran al cliente el deber de custodia del proveedor. Por ello condenó al banco al pago de una multa de seis unidades tributarias mensuales por infringir el artículo 23 de la Ley N° 19.496 y acogió la demanda civil de indemnización por daño material, fijado en $200.000, rechazando en cambio el daño moral por no haberse acreditado su efectividad, magnitud ni cuantía. No se impusieron costas.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
Ley 19.496, Art. 14
Ley 19.496, Art. 23
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Quién debe responder cuando se hacen pagos no autorizados con tarjeta o cuenta corriente, el banco o el cliente?
En este caso, el tribunal condenó al banco al estimar que no acreditó haber adoptado las medidas de seguridad y verificación exigidas por la normativa financiera para prevenir fraudes, ni que el consumidor hubiera actuado con dolo o culpa grave.
¿Sirven las campañas publicitarias del banco sobre estafas para trasladar al cliente el deber de custodia?
En este caso, el tribunal descartó que las campañas publicitarias sobre estafas trasladaran al cliente el deber de custodia que corresponde al proveedor.
¿Qué indemnización procede si el banco no acredita medidas de seguridad frente a fraudes?
En este caso, el tribunal acogió la demanda civil de indemnización por daño material, fijado en una suma determinada, y rechazó el daño moral por no haberse acreditado su efectividad, magnitud ni cuantía.
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