Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una multa por atraso aplicada por la Dirección de Vialidad en un contrato de consultoría de ingeniería. El consultor había entregado el informe final dentro del plazo, pero la inspección fiscal rechazó esa entrega por no cumplir las exigencias técnicas de la etapa final, relacionadas con el diseño geométrico, la topografía y la coordinación con otras especialidades, y solicitó su corrección. El organismo concluyó que el problema no era la presentación material oportuna del informe, sino su aptitud para tener por cumplida la obligación de la etapa final, la que solo podía entenderse satisfecha con una versión que efectivamente cumpliera los requisitos. Por ello, el tiempo transcurrido entre el rechazo del informe y la entrega corregida constituye un atraso imputable al consultor, conforme al artículo 87 del Reglamento para C.T.C.. La aprobación y pago de etapas anteriores no eximen al consultor de cumplir íntegramente la etapa final. En consecuencia, la Contraloría no advirtió reparos a la multa, calculada sobre ese período.