El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa en contra del artículo 46, inciso segundo, N° 8, parte final, de la Ley N° 20.600, que impide recurrir en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones en un juicio de indemnización de perjuicios por daño ambiental. La requirente alegaba que dicha norma vulneraba derechos fundamentales, en el marco de un proceso seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Talca. El Tribunal desestimó los argumentos, señalando que las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales, salvo excepciones como comunidades indígenas o sindicatos, y que no se acreditó una relación sustancial entre los derechos de personas naturales y la empresa. En consecuencia, se descartó la vulneración invocada.
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Preguntas frecuentes
¿Puede una empresa recurrir de inaplicabilidad por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de una empresa, señalando que las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales, salvo excepciones como comunidades indígenas o sindicatos, y no se acreditó una relación sustancial con personas naturales.
¿Procede la inaplicabilidad del artículo 46 de la Ley N° 20.600 que impide recurrir contra sentencias en juicios de daño ambiental?
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra dicha norma, desestimando la vulneración invocada por la empresa requirente, al no ser titular de derechos fundamentales en este caso.
¿Qué derechos fundamentales protege el Tribunal Constitucional a las personas jurídicas en materia ambiental?
Según este fallo, las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales, salvo excepciones como comunidades indígenas o sindicatos. En el caso, se descartó la vulneración porque no se acreditó una relación sustancial con derechos de personas naturales.
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