Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que pedían abstenerse de tomar razón de sus retiros por baja por mala conducta, porque existía un recurso de protección en trámite. El organismo reconoció que, según la ley N° 10.336, no puede intervenir en asuntos sometidos a los tribunales de justicia, pero precisó que esa circunstancia no le impide pronunciarse sobre la juridicidad de un acto administrativo mediante la toma de razón, criterio reiterado en dictámenes anteriores. En consecuencia, tomó razón de las resoluciones de la institución que dispusieron el retiro de los recurrentes, por considerar que se ajustaban a derecho.