El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra una expresión de la Ley N° 21.226, que estableció un régimen de excepción durante la pandemia de Covid-19. La norma impugnada exigía un impedimento absoluto para suspender audiencias penales cuando interviene una persona privada de libertad, lo que impedía suspender el juicio oral pese a que las condiciones sanitarias afectaban la inmediación, la contradicción y la comunicación con la defensa. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión cuestionada, por estimar que vulneraba el derecho a defensa y el debido proceso del imputado. En el mismo sentido, un voto particular razonó que el juicio en línea no respeta íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdad en el acceso, configurando también una vulneración al debido proceso.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Se puede suspender un juicio oral si el imputado está privado de libertad y las condiciones sanitarias afectan la defensa?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión legal que impedía suspender audiencias penales cuando interviene una persona privada de libertad, por vulnerar el derecho a defensa y el debido proceso del imputado.
¿El juicio oral en línea respeta los principios de oralidad, inmediación y publicidad?
En este caso, un voto particular del Tribunal Constitucional razonó que el juicio en línea no respeta íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdad en el acceso, configurando también una vulneración al debido proceso.
¿Qué pasa con el debido proceso cuando las condiciones sanitarias impiden la inmediación y la comunicación con la defensa?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que exigir un impedimento absoluto para suspender audiencias penales pese a que las condiciones sanitarias afectaban la inmediación, la contradicción y la comunicación con la defensa vulneraba el derecho a defensa y el debido proceso del imputado.
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