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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, dictada durante la pandemia de COVID-19, que exigía un impedimento absoluto para suspender audiencias en procedimientos penales con persona privada de libertad. Se discutía si esa exigencia vulneraba el debido proceso y el derecho a defensa al impedir suspender audiencias remotas cuando dificultades prácticas afectaban la calidad de la información y la comunicación con el abogado defensor. El tribunal acogió el requerimiento, razonando que el juicio en línea vía remota impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdad y discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, configurándose una vulneración a la garantía del debido proceso en los juicios orales penales remotos.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Se puede suspender una audiencia penal remota si hay problemas de conexión o comunicación con el abogado defensor?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inconstitucional la exigencia de impedimento absoluto para suspender audiencias penales remotas con persona privada de libertad, al afectar la calidad de la información y la comunicación con la defensa.

¿Vulnera el debido proceso realizar juicios orales penales por videoconferencia durante la pandemia?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el juicio en línea vía remota impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, configurándose una vulneración a la garantía del debido proceso en los juicios orales penales remotos.

¿La brecha digital puede generar discriminación en el acceso a la justicia penal remota?

En este caso, el Tribunal Constitucional razonó que la brecha digital genera desigualdad y discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, lo que fundamentó la vulneración al debido proceso en juicios orales penales remotos.

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