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Ante el Tribunal Constitucional se presentó un requerimiento de inaplicabilidad contra…

Informe · Diario Constitucional (fallos adjuntos a sus notas) · 2026

Resumen

Ante el Tribunal Constitucional se presentó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 28 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública, norma que impide a los órganos del Estado reclamar ante la Corte de Apelaciones cuando el Consejo para la Transparencia concede acceso a información que había sido denegada por la causal de reserva del artículo 21 N°1. La parte requirente solicitó declarar inaplicable ese precepto en un reclamo de ilegalidad pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sosteniendo que afecta garantías constitucionales. El escrito acompañó la decisión del Consejo para la Transparencia, copia del reclamo de ilegalidad y un certificado del tribunal de alzada, y designó abogado patrocinante y medio de notificación electrónico. La parte final del texto no contiene un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo del requerimiento, sino solo estas gestiones de comparecencia y acompañamiento de documentos.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Artículo 28 de la Ley N° 20.285
  • Ley N° 17.997
  • Ley N° 17.991
  • Ley N° 21.210
  • Código del Trabajo
  • Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 491 del Código del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿Qué garantías constitucionales se alegan al impugnar la norma que limita el reclamo de ilegalidad en materia de acceso a la información?

En este caso, la parte requirente sostuvo que el artículo 28 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública afecta garantías constitucionales en un reclamo de ilegalidad pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El texto no contiene un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo.

¿Qué documentos se deben acompañar al presentar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el escrito acompañó la decisión del Consejo para la Transparencia, copia del reclamo de ilegalidad y un certificado del tribunal de alzada, y designó abogado patrocinante y medio de notificación electrónico. El texto no contiene un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo.

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