Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 671, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró vacante el cargo desempeñado por una funcionaria que no presentó su renuncia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas tras ser requerida. La recurrente alegó que la solicitud fue practicada por una jefa de gabinete sin facultad para ello y que no se le notificó la medida. El organismo estimó que el primer punto quedó superado con la ratificación del Ministro del Interior y Seguridad Pública, y que el artículo 148 del Estatuto Administrativo no exige una forma determinada para requerir la dimisión. Constó el envío de una carta certificada que comunicó la petición. Respecto de la asignación de funciones críticas, aunque no se acreditó la notificación de la resolución que ordenó su término, la funcionaria sólo podía percibirla hasta su desvinculación, según la liquidación acompañada.