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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si las organizaciones de inte…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si las organizaciones de interés público deben estar inscritas en el catastro del Consejo Nacional para participar en la elección de los miembros de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil. El dictamen señala que, por regla general, conforme a la ley N° 20.500, una asociación debe figurar en dicho catastro para ser considerada organización de interés público. Sin embargo, las juntas de vecinos, uniones comunales, organizaciones comunitarias funcionales y comunidades y asociaciones indígenas, reguladas por las leyes N° 19.418 y N° 19.253, adquieren esa calidad por el solo ministerio de la ley y no requieren inscripción. Por ello, el órgano concluyó que las demás entidades solo pueden participar si acreditan su inscripción vigente mediante certificación, mientras que las reguladas por esas leyes basta que acrediten su carácter conforme a su normativa propia.

Normas citadas

  • ley 20500 Tit/IV Par/2
  • ley 18695 art/94 inc/1
  • ley 20500 art/33 num/8
  • ley 18695 art/94 inc/2
  • ley 20500 art/15 inc/1
  • ley 20500 art/15 inc/2
  • ley 19418
  • ley 19253
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias funcionales necesitan inscribirse en el catastro para votar en estas elecciones?

No. Según este dictamen, las juntas de vecinos, uniones comunales, organizaciones comunitarias funcionales y comunidades y asociaciones indígenas adquieren la calidad de organización de interés público por el solo ministerio de la ley, por lo que no requieren inscripción.

¿Qué deben acreditar las entidades que no pertenecen a las leyes especiales para participar en estas elecciones?

En este caso, la Contraloría concluyó que las demás entidades solo pueden participar si acreditan su inscripción vigente mediante certificación, mientras que las reguladas por las leyes N° 19.418 y N° 19.253 basta con acreditar su carácter conforme a su normativa propia.

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