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La Contraloría General de la República concluyó que no procede que los organismos públi…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República concluyó que no procede que los organismos públicos exijan a los oferentes su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración para presentar propuestas y participar en licitaciones regidas por la ley 19.886. Explicó que la ley y el reglamento permiten exigir esa inscripción sólo para suscribir los contratos definitivos, y que ello se hace cuando lo establezcan las bases de la licitación. Fundó lo resuelto en el principio de libre concurrencia del artículo 9° de la ley 18.575, que prohíbe limitar la participación con condiciones no previstas en la ley, de modo que la Administración obtenga la mayor cantidad de ofertas posible.

Normas citadas

  • ley 19886 art/4 inc/1
  • ley 19886 art/16 inc/4
  • ley 19886 art/17
  • dto 250/2004 HACIE art/66 inc/2
  • dto 250/2004 HACIE art/66 inc/3
  • ley 18575 art/9 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad pública exigir la inscripción en el Registro de Contratistas para presentar una oferta en una licitación de la ley 19.886?

No. En este dictamen, la Contraloría concluyó que no procede exigir esa inscripción para presentar propuestas, porque la ley y el reglamento solo la permiten para suscribir el contrato definitivo, cuando así lo establezcan las bases.

¿Cuándo se puede exigir el registro de contratistas en un proceso de compra pública regido por la ley 19.886?

Según este dictamen, la inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas solo puede exigirse para suscribir los contratos definitivos, y únicamente si las bases de la licitación lo establecen.

¿Qué principio fundamenta que las bases no puedan restringir la participación de oferentes con requisitos adicionales?

La Contraloría fundó su criterio en el principio de libre concurrencia del artículo 9° de la ley 18.575, que prohíbe limitar la participación con condiciones no previstas en la ley, para que la Administración reciba la mayor cantidad de ofertas posibles.

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