Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios debe aplicarse a los contratos de obras públicas celebrados por los Servicios de Salud, y si los contratistas deben estar inscritos en el registro de proveedores para participar en la licitación. El dictamen concluye que, como la normativa sanitaria no regula la contratación de obras, corresponde aplicar supletoriamente la ley N° 19.886 y su reglamento, conforme a su artículo 18. Respecto del registro, señala que el artículo 16, inciso cuarto, de la misma ley exige la inscripción únicamente para la suscripción del contrato definitivo y no para participar en la licitación. Finalmente, indica que las bases de la licitación quedan sujetas al trámite de toma de razón, instancia en la que se pronunciará sobre su juridicidad.