Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución 221 de 2010 de la Dirección General de Obras Públicas, que aprobaba un convenio de indemnización por gastos directos en el contrato de mejoramiento de la Ruta S-790, en la IX Región. El organismo fundamentó su decisión en el artículo 131 del decreto N° 15 de 1992 del Ministerio de Obras Públicas, porque los antecedentes no acreditaban de modo fehaciente los mayores costos en combustible que alegaba la contratista, vinculados a la demora en la entrega de los terrenos. Además, constató que tres facturas de combustible de 2003 se sumaban dos veces en el cuadro de cálculo, que una factura de septiembre de 2003 se incluía pese a que el período indemnizable era de abril a agosto, y que no se justificaba que los montos correspondieran solo al mayor uso de maquinaria por los lotes entregados con retraso.