La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó, con costas, una acción de protección p…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó, con costas, una acción de protección presentada por una corporación educacional sostenedora en contra de la Superintendencia de Educación de la Región de Los Lagos. La recurrente alegaba vulneración del principio non bis in idem, pues se le aplicó una sanción de privación parcial de subvención del 8% por tres meses, derivada de no acreditar saldos de subvenciones. El tribunal concluyó que la actuación administrativa se ajustó a derecho y que la decisión estuvo debidamente fundada, tanto en la ley como en la jurisprudencia administrativa, sin que existiera acción u omisión arbitraria o ilegal. Señaló que los saldos no declarados como gastos en un año se traspasan como ingresos iniciales del año siguiente, por lo que el saldo no acreditado en una anualidad forma parte de la rendición de cuentas posterior y no constituye una doble sanción por el mismo hecho. La obligación de rendir cuentas del uso de recursos públicos es anual y fiscalizable, conforme a los artículos 55 de la Ley 20.529 y 3 del Decreto Supremo N° 469 de 2013, y la sanción se fundamentó en el incumplimiento de acreditar saldos en la forma y plazos instruidos.
Normas citadas
Ley 20.529
Resolución Exenta N° 2024
Ley N° 19.880
Ley N° 21.006
Decreto Supremo N° 469
Resolución Exenta N° 291
Resolución Exenta N° 597
Resolución Exenta N° 436
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Preguntas frecuentes
¿Se vulnera el principio non bis in idem si se sanciona a un sostenedor por no acreditar saldos de subvención en años consecutivos?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó la acción de protección, pues los saldos no declarados como gastos en un año se traspasan como ingresos iniciales del año siguiente, por lo que el saldo no acreditado en una anualidad forma parte de la rendición de cuentas posterior y no constituye una doble sanción por el mismo hecho.
¿Cómo se rinde la obligación de rendir cuentas del uso de recursos públicos por parte de un sostenedor educacional?
En este caso, la Corte de Apelaciones señaló que la obligación de rendir cuentas del uso de recursos públicos es anual y fiscalizable, conforme a los artículos 55 de la Ley 20.529 y 3 del Decreto Supremo N° 469 de 2013, y la sanción se fundamentó en el incumplimiento de acreditar saldos en la forma y plazos instruidos.
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