El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, -INA, que cuestionaba la supresión de penas sustitutivas, en particular de la libertad vigilada, para determinados delitos de la Ley de Control de Armas, por considerar que vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso. El tribunal rechazó el requerimiento. Señaló que suprimir las penas sustitutivas responde a un deber del legislador de poner el acento en el cumplimiento efectivo de la pena, lo que es racional y satisface el principio de legalidad de las penas al limitar la discrecionalidad judicial. Además, descartó la existencia de un trato discriminatorio, pues la parte requirente no planteó un test de igualdad que permitiera comparar situaciones, y porque la Constitución prohíbe expresamente la posesión de armas, lo que justifica un tratamiento penal distinto.
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Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional suprimir la libertad vigilada como pena sustitutiva para delitos de la Ley de Control de Armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que suprimir las penas sustitutivas responde a un deber del legislador de poner el acento en el cumplimiento efectivo de la pena, lo que es racional y satisface el principio de legalidad de las penas.
¿La exclusión de penas sustitutivas en delitos de armas vulnera la igualdad ante la ley?
En este caso, el tribunal descartó la discriminación porque la parte requirente no planteó un test de igualdad que permitiera comparar situaciones, y porque la Constitución prohíbe expresamente la posesión de armas, lo que justifica un tratamiento penal distinto.
¿Puede el Tribunal Constitucional acoger un requerimiento de inaplicabilidad contra la supresión de penas sustitutivas por falta de debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que alegaba vulneración del debido proceso, al considerar que la supresión de penas sustitutivas limita la discrecionalidad judicial y no infringe dicha garantía.
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