Resumen
La Contraloría General de la República analizó si las resoluciones de la Dirección General de Aguas que autorizan o deniegan solicitudes de exploración de aguas subterráneas debían someterse al trámite de toma de razón. Originalmente, la Contraloría había interpretado que el punto N° 14 del artículo 2° de su resolución N° 55, de 1992, que sometía a toma de razón las resoluciones sobre constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, incluía también esos actos. Tras reestudiar la materia, concluyó que solo debían considerarse esenciales los actos que constituyen derechos de aprovechamiento, no los que autorizan o deniegan exploraciones. Esa conclusión motivó la modificación introducida por la resolución N° 423, de 1996, que eximió expresamente de toma de razón a los actos que deniegan solicitudes de constitución. Por ello, dictaminó que la resolución N° 240, de 1997, que dejó sin efecto una denegación previa de exploración, no debía remitirse a toma de razón, y modificó en lo pertinente los dictámenes anteriores sobre la materia.