Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Dirección General de Aguas, por la negativa a entregar un expediente de fiscalización. El organismo reclamado invocó la reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, vinculada al privilegio deliberativo, pero no aportó antecedentes suficientes para acreditar que su divulgación afectara la adopción de una decisión. Además, se consideró que la información se relacionaba con un procedimiento administrativo en el que el solicitante tenía la calidad de interesado. Se ordenó la entrega del expediente, previa tarja de los datos personales de contexto, en virtud del principio de divisibilidad. La resolución fija un plazo para cumplir y advierte sanciones por incumplimiento conforme al artículo 46 de la misma ley. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, salvo que el órgano lo intente fundado en la causal del artículo 21 N°1.