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El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por i…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 28, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, norma que impide a los órganos de la Administración reclamar contra resoluciones del Consejo para la Transparencia que acogen amparos por denegación de información basada en la causal de afectación del debido cumplimiento de funciones. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable dicho precepto en el caso concreto, sosteniendo que esa regla regula legitimación activa, competencias de órganos públicos y solución de conflictos competenciales, y no una técnica de restricción de derechos fundamentales, por lo que no corresponde enjuiciarla con parámetros propios de la proporcionalidad. Se previno que un municipio, por su autonomía como corporación de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, se encuentra en una situación jurídica distinta de los ministerios y servicios públicos dependientes del Ejecutivo, de modo que respecto de las municipalidades no puede afirmarse que pretendan ser titulares de un derecho amagado por la norma a la vez que coautores del agravio en tanto colegisladores.

Normas citadas

  • artículo 28, inciso 2, de LEY 20.285 - SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Tribunal ConstitucionalINAley de transparenciaAcceso a la InformaciónDebido ProcesoMunicipalidadesTutela Judicial Efectiva

Preguntas frecuentes

¿Puede un órgano de la Administración reclamar contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo por denegación de información?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 28, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, que impedía a los órganos de la Administración reclamar contra resoluciones del Consejo que acogen amparos por denegación de información basada en la afectación del debido cumplimiento de funciones.

¿Qué criterio usó el Tribunal Constitucional para analizar la norma que restringe la legitimación activa de los órganos públicos?

En este caso, el Tribunal sostuvo que esa regla regula legitimación activa, competencias de órganos públicos y solución de conflictos competenciales, y no una técnica de restricción de derechos fundamentales, por lo que no corresponde enjuiciarla con parámetros propios de la proporcionalidad.

¿Tiene una municipalidad una situación jurídica distinta de los ministerios y servicios públicos frente a esta norma?

En este caso, el Tribunal previno que un municipio, por su autonomía como corporación de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, se encuentra en una situación jurídica distinta de los ministerios y servicios públicos dependientes del Ejecutivo.

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