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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo al derecho de acceso a la informació…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra una municipalidad, en el que se solicitaba la emisión de certificados especiales. El Consejo concluyó que ese tipo de requerimiento no constituye una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, y que la certificación pedida se rige por normas especiales distintas a esa ley. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información en la forma exigida, declaró inadmisible el amparo por la unanimidad de los consejeros presentes. La decisión fue notificada a la solicitante y a la autoridad municipal, y se indicó que en su contra procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de plazo, sin que proceda recurso de reposición administrativo.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidad

Preguntas frecuentes

¿Se puede reclamar ante el Consejo para la Transparencia si una municipalidad no responde una solicitud de certificados especiales?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la emisión de certificados especiales no constituye una solicitud de acceso a la información pública, sino el ejercicio del derecho de petición.

¿Qué recurso procede contra la decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo por no ser una solicitud de acceso a la información?

En este caso, el Consejo indicó que en su contra procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de plazo, sin que proceda recurso de reposición administrativo.

¿La solicitud de certificados especiales a una municipalidad se rige por la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo concluyó que la certificación pedida se rige por normas especiales distintas a la Ley de Transparencia, por lo que no se ejerció el derecho de acceso a la información en la forma exigida.

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