El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra una municipalidad. La solicitante pedía un pronunciamiento y certificados, lo que el Consejo estimó que corresponde al derecho de petición y no al derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia. El Consejo razonó que la certificación solicitada debía distinguirse de los certificados cuya elaboración se rige por normas especiales, y que no se había ejercido el derecho de acceso en los términos exigidos por la ley, por lo que no podía acogerse el amparo. En consecuencia, declaró inadmisible la solicitud y ordenó notificar a la solicitante y al alcalde de la municipalidad. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no el recurso de reposición de la Ley N°19.880.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo de acceso a la información para pedir un pronunciamiento o certificados a una municipalidad?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que una solicitud de pronunciamiento y certificados corresponde al derecho de petición y no al derecho de acceso a la información pública, por lo que declaró inadmisible el amparo.
¿Qué diferencia hay entre un certificado solicitado por transparencia y uno regido por normas especiales?
En este caso, el Consejo distinguió la certificación solicitada de los certificados cuya elaboración se rige por normas especiales, y concluyó que no se había ejercido el derecho de acceso en los términos exigidos por la ley.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo señaló que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no el recurso de reposición de la Ley N° 19.880.
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