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El Servicio Nacional del Consumidor denunció a una sociedad por infracciones a la Ley d…

Sentencia · 4TO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO · 2017

Resumen

El Servicio Nacional del Consumidor denunció a una sociedad por infracciones a la Ley del Consumidor, por no exhibir el listado de derechos y obligaciones y por carteles que limitaban su responsabilidad en un estacionamiento. En el comparendo de contestación, la denunciada se allanó a la denuncia y solicitó que se aplicara la multa mínima, invocando buena fe. El tribunal acogió la denuncia y condenó a la sociedad al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales, por infringir los artículos 3° inciso 1 letras b) y e), 4°, 12°, 15° a) N° 5 y 6, y 23° inciso 1 de la Ley N° 19.496. Además, se ordenó despachar orden de arresto contra su representante legal si no se pagaba la multa en el plazo legal.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
  • Ley 19.496, Art. 4
  • Ley 19.496, Art. 12
  • Ley 19.496, Art. 15 A
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un proveedor no exhibe el listado de derechos y obligaciones del consumidor en su establecimiento?

En este caso, el tribunal acogió la denuncia y condenó a la sociedad al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales por infringir, entre otros, los artículos 3° inciso 1 letras b) y e) de la Ley N° 19.496.

¿Es válido que un estacionamiento limite su responsabilidad mediante carteles?

En este caso, el tribunal consideró infracción a la Ley del Consumidor los carteles que limitaban la responsabilidad en un estacionamiento, condenando a la sociedad al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales.

¿Qué consecuencias tiene allanarse a una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor?

En este caso, la denunciada se allanó y solicitó la multa mínima invocando buena fe, pero el tribunal igualmente la condenó al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales y ordenó despachar orden de arresto contra su representante legal si no se pagaba en el plazo legal.

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