Resumen
La Contraloría General de la República resolvió no acoger la solicitud de reconsideración del dictamen N° E207417, de 2022, por no haberse aportado nuevos antecedentes que alteren lo concluido. Fundó su decisión en la jurisprudencia según la cual los organismos públicos, como deudores, no pueden renunciar a la prescripción ni cumplir obligaciones naturales salvo facultad expresa, dado que administran recursos públicos. Además, precisó que las sentencias judiciales solo obligan en los juicios en que se pronuncian, conforme al artículo 3° del Código Civil. Sin perjuicio de ello, ordenó a la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá reevaluar los contratos de construcción denunciados, cuya liquidación final se habría dilatado pese a reclamos reiterados del contratista por devolución de retenciones, y regularizar la situación. El organismo deberá informar a la Contraloría con documentación de respaldo en un plazo de 15 días.