El Consejo para la Transparencia, por unanimidad de su Consejo Directivo, rechazó un am…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia, por unanimidad de su Consejo Directivo, rechazó un amparo presentado por un particular en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El reclamante había solicitado el acta de destrucción, el informe del fiscalizador y una orden médica. El Consejo constató que el acta de destrucción y el acta de denuncia y citación ya estaban disponibles mediante el enlace entregado al reclamante en la respuesta del organismo. Respecto de la orden médica, determinó que contiene datos sensibles de una persona natural, por lo que su reserva era procedente conforme al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede negarse el acceso a una orden médica incluida en un expediente de un organismo público por contener datos sensibles?
Sí. En este caso, el Consejo para la Transparencia determinó que la orden médica contiene datos sensibles de una persona natural, por lo que su reserva fue procedente conforme al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales.
¿Qué pasa si el organismo ya entregó los documentos solicitados mediante un enlace y el reclamante vuelve a pedirlos?
En este caso, el Consejo constató que el acta de destrucción y el acta de denuncia y citación ya estaban disponibles mediante el enlace entregado al reclamante en la respuesta del organismo, por lo que el amparo fue rechazado respecto de ellos.
¿Cuál es el plazo para presentar un reclamo de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación de la resolución.
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