El Primer Juzgado de Policía Local de Temuco dictó sentencia en un juicio por infracció…
Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO · 2015
Resumen
El Primer Juzgado de Policía Local de Temuco dictó sentencia en un juicio por infracción a la Ley del Consumidor, originado en la compra de una cama y un colchón que presentaban desperfectos. El tribunal acogió la demanda y condenó a la empresa proveedora por infringir la garantía legal del artículo 20 de la Ley 19.496, al acreditarse que el producto vendido tenía fallas y que no se dio una solución oportuna ni adecuada al reclamo. Se ordenó el pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales y el retiro de los productos dentro de décimo día desde que la sentencia quedara ejecutoriada. Asimismo, se acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral, con costas. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó el fallo con costas del recurso, pero con declaración de que se rebajaba el monto de la indemnización a la suma de $713.970, corrigiendo un error de transcripción en la parte resolutiva.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 1
Ley 19.496, Art. 3
Ley 19.496, Art. 19
Ley 19.496, Art. 20
Ley 19.496, Art. 23
Ley 19.496, Art. 24
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el proveedor no da una solución oportuna ni adecuada a un producto con fallas?
En este caso, el tribunal condenó a la empresa proveedora por infringir la garantía legal del artículo 20 de la Ley 19.496, al acreditarse que el producto vendido tenía fallas y no se dio una solución oportuna ni adecuada al reclamo.
¿Se puede obtener indemnización por daño moral en un juicio por infracción a la Ley del Consumidor?
En este caso, el tribunal acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral, con costas, tras acoger la demanda por infracción a la Ley del Consumidor.
¿Qué sanción se puede imponer al proveedor por infringir la garantía legal de la Ley del Consumidor?
En este caso, el tribunal ordenó el pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales y el retiro de los productos dentro de décimo día desde que la sentencia quedara ejecutoriada.
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