La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago de remuneraciones a u…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago de remuneraciones a un funcionario de Carabineros de Chile separado del servicio tras su eliminación de una lista de evaluación. El organismo concluyó que no existió fuerza mayor mientras el funcionario no impugnó la decisión, ya que el hecho que lo afectaba no había cesado de producir efectos pese a los medios de impugnación. Sin embargo, estimó que la inimputabilidad e imprevisibilidad solo pudieron alegarse desde que se dictó el dictamen N° 26.790, de 2011, que determinó que la decisión provino de una causa ajena a la voluntad del funcionario. Por ello, resolvió que Carabineros debe pagar las remuneraciones desde el momento en que se interpuso el reclamo, por configurarse una situación de fuerza mayor que impidió ejercer el empleo. El plazo de un año para solicitar la revisión de la evaluación no altera esta conclusión, pues se refiere al derecho de impugnación y no al goce de remuneraciones. Se confirmó el dictamen citado.
Normas citadas
ley 18961 art/33 inc/1
dfl 2/68 INTER art/46 lt/c
dfl 2/68 INTER art/32
ley 11595 art/36
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cuándo puede alegarse la fuerza mayor como causa para el pago de remuneraciones de un funcionario separado del servicio?
Según este dictamen, la inimputabilidad e imprevisibilidad solo pudieron alegarse desde que se emitió el dictamen N° 26.790, que estableció que la decisión provino de una causa ajena a la voluntad del funcionario. Desde el reclamo se configuró la fuerza mayor.
¿El plazo para solicitar la revisión de una evaluación afecta el derecho a remuneraciones de un funcionario de Carabineros?
En este caso, la Contraloría resolvió que el plazo de un año para solicitar la revisión de la evaluación no altera el derecho a remuneraciones, pues se refiere al derecho de impugnación y no al goce de remuneraciones.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.