La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de amparo presentado por un ex…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de amparo presentado por un extranjero contra la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que rechazó su solicitud de residencia definitiva y le otorgó un plazo para abandonar el país. El recurrente sostenía que esa actuación afectaba su libertad personal y seguridad individual. El tribunal consideró que la resolución impugnada emanó de la autoridad competente, se encontraba justificada y tenía por causa la inactividad del recurrente, quien no subsanó su solicitud en el plazo otorgado. Además, razonó que no se dispuso en su contra la medida de expulsión del territorio nacional, sino solo una orden de abandono, que no implica una restricción actual de la libertad personal, quedando a salvo otros derechos para cautelar sus intereses. Al no existir ilegalidad ni amenaza actual a la libertad personal, rechazó el amparo.
Normas citadas
Resolución Exenta N° 25013507
Ley N° 21.325
Artículo 91 de la Ley N° 21.325
amparolibertad personalseguridad individualmigraciónpermanencia definitivaorden de abandonoexpulsiónLey N°21.325
Preguntas frecuentes
¿Procede un recurso de amparo contra la resolución que rechaza la residencia definitiva y ordena abandonar el país?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el amparo porque la resolución emanó de la autoridad competente, estaba justificada y tenía por causa la inactividad del recurrente al no subsanar su solicitud en plazo.
¿La orden de abandono del territorio nacional afecta la libertad personal para efectos del amparo?
En este caso, la Corte sostuvo que no se dispuso la expulsión del territorio nacional, sino solo una orden de abandono, que no implica una restricción actual de la libertad personal.
¿Qué debe acreditarse para acoger un amparo por una resolución migratoria?
En este caso, la Corte rechazó el amparo al no existir ilegalidad ni amenaza actual a la libertad personal, quedando a salvo otros derechos para cautelar los intereses del recurrente.
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