El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativo a la eventual aplicación de preceptos legales que habrían impuesto una medida de inhabilitación para contratar con el Estado a la parte requirente. El tribunal concluyó que dicha inhabilitación resultaba incompatible con la racionalidad y justicia procedimental garantizada por el artículo 19 N° 30, inciso sexto, de la Constitución, por lo que acogió el requerimiento. Para ello consideró que la prohibición podía producir efectos más perjudiciales para el propio Estado, al privarlo de proveedores indispensables o trasladar sobrecostos a los consumidores finales, y que la sanción debía ajustarse caso a caso para ser proporcionada sin llevar a la quiebra del infractor.
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoprincipio de proporcionalidad de la sancion administrativa
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una inhabilitación para contratar con el Estado si resulta desproporcionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la inhabilitación para contratar con el Estado era incompatible con la racionalidad y justicia procedimental del artículo 19 N° 3 de la Constitución. Estimó que la prohibición podía perjudicar al propio Estado al privarlo de proveedores indispensables o encarecer bienes y servicios para los consumidores.
¿Debe una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado ajustarse a cada caso concreto?
Según este fallo, la sanción debe ajustarse caso a caso para ser proporcionada, sin llevar a la quiebra del infractor. El Tribunal Constitucional sostuvo que una aplicación automática de la medida no respeta esa exigencia.
¿Qué efectos negativos puede producir la inhabilitación de un proveedor para contratar con el Estado?
El Tribunal Constitucional advirtió que la prohibición puede privar al Estado de proveedores indispensables y trasladar sobrecostos a los consumidores finales. Por ello, consideró que estos efectos deben ponderarse al decidir si la medida se aplica.
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