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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la frase del artículo 4° de la Ley N° 19.886, que excluye automáticamente de la contratación pública por dos años a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales del trabajador. El requirente sostenía que esa exclusión afectaba el debido proceso, el principio non bis in idem y la proporcionalidad, al imponer una sanción sin juzgamiento previo. La sentencia rechazó el requerimiento, aunque con disidencia de un ministro, quien estimó que la norma configura una pena de bloqueo contractual de ejecución directa e inmediata, sin oportunidad para discutir su procedencia o extensión ante los tribunales laborales, lo que vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo. El fallo se adoptó por la mayoría del tribunal.

Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemPrincipio protector del trabajoSanciones AdministrativasPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional la exclusión automática de la contratación pública por condenas por prácticas antisindicales?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y no acogió los argumentos de que la exclusión afectaba el debido proceso, el non bis in idem y la proporcionalidad, por lo que la norma mantuvo su aplicación.

¿Vulnera el debido proceso la sanción de exclusión de contratación pública sin juzgamiento previo?

En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y no estimó que la exclusión automática por dos años afectara el debido proceso, aunque un ministro disintió y sostuvo que configuraba una pena de bloqueo contractual sin oportunidad de discutirla.

¿Se puede impugnar la exclusión de contratación pública por prácticas antisindicales ante los tribunales laborales?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, pero el ministro disidente estimó que la norma configura una pena de bloqueo contractual de ejecución directa e inmediata, sin oportunidad para discutir su procedencia o extensión ante los tribunales laborales.

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