La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2022
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una concesionaria de televisión y por una universidad en contra de una multa de 400 UTM impuesta por el Consejo Nacional de Televisión. La sanción se originó por la emisión de un noticiero que, si bien ocultó el rostro de una menor en situación de vulnerabilidad, exhibió sus antecedentes, voz e imágenes de su guardadora y de su madre biológica, lo que permitió identificarla. La Corte concluyó que la emisión excedió los límites de la información de interés general sin el debido resguardo, infringiendo la intimidad de la menor. Recordó que, en la emisión de contenidos que involucran a niños, debe primar su interés superior y el resguardo de sus derechos a la vida privada, la integridad psíquica, la honra y la reputación. La resolución fue unánime y se impusieron costas a los recurrentes.
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Preguntas frecuentes
¿Puede un noticiero televisivo emitir imágenes de una menor en situación de vulnerabilidad si oculta su rostro?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que no basta con ocultar el rostro: la emisión exhibió antecedentes, voz e imágenes de su guardadora y de su madre biológica, lo que permitió identificar a la menor. Por eso consideró que se excedieron los límites de la información de interés general y se infringió su intimidad.
¿Qué criterio aplican los tribunales cuando un medio informa sobre niños y el interés público choca con su vida privada?
La Corte sostuvo que, en contenidos que involucran a niños, debe primar su interés superior y el resguardo de sus derechos a la vida privada, la integridad psíquica, la honra y la reputación. Aplicó ese criterio al confirmar la sanción del Consejo Nacional de Televisión.
¿Procede reclamar de ilegalidad contra una multa del Consejo Nacional de Televisión por un noticiero?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la concesionaria y por una universidad contra la multa de 400 UTM impuesta por el Consejo Nacional de Televisión. La resolución fue unánime y se impusieron costas a los recurrentes.
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