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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la fisc…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la fiscalización de la seguridad privada. Concluyó que corresponde a Carabineros de Chile calificar el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar o rechazar autorizaciones en esta materia, y que la imposición de multas por infracciones al decreto ley N° 3.607, de 1981, es competencia de los juzgados de policía local conforme a la ley N° 18.287, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre ellas. Asimismo, consideró que las resoluciones exentas dictadas en 2020 para ampliar la vigencia de credenciales y autorizar capacitación en línea durante la pandemia fueron medidas de colaboración sanitaria. Por lo anterior, no advirtió irregularidades en el actuar de la institución policial.

Normas citadas

  • Ley 18961 art/3 inc/fin
  • DL 3607/81 art/3
  • DL 3607/81 art/5 bis inc/1
  • DTO 1122/98 inter exe art/4
  • DTO 1122/98 inter exe art/5
  • DL 3607/81 art/8
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Quién debe calificar si una empresa de seguridad privada cumple los requisitos para obtener o mantener su autorización de funcionamiento en Chile?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que corresponde a Carabineros de Chile calificar el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar o rechazar autorizaciones en materia de seguridad privada.

¿Quién es competente para imponer multas por infracciones al decreto ley N° 3.607 sobre seguridad privada?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la imposición de multas por infracciones a ese decreto ley corresponde a los juzgados de policía local conforme a la ley N° 18.287, por lo que no se pronunció sobre ellas.

¿Las resoluciones exentas que extendieron la vigencia de credenciales y autorizaron capacitación en línea durante la pandemia son válidas en seguridad privada?

En este caso, la Contraloría consideró que esas resoluciones dictadas en 2020 fueron medidas de colaboración sanitaria y no advirtió irregularidades en el actuar de Carabineros.

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