Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del bono postlaboral en favor de una funcionaria municipal que, a la entrada en vigencia de la ley N° 20.305, no cotizaba en el sistema del decreto ley N° 3.500 por no estar obligada a ello. El órgano explicó que su jurisprudencia anterior exigía verificar esta condición a la fecha de entrada en vigor de la ley, pero que un pronunciamiento posterior precisó que quienes ya tenían edad para pensionarse en esa fecha se encuentran en un contexto normativo distinto, regido por el artículo 69 del decreto ley N° 3.500, que las exime de cotizar mientras continúan trabajando como dependientes. Según el dictamen, exigirles un requisito imposible de cumplir desnaturalizaría el espíritu de la ley N° 20.305. Por ello, concluyó que la recurrente puede acceder al bono si cumple las demás exigencias, por estar su caso regulado por el artículo primero transitorio de la ley. Finalmente, ordenó a la Municipalidad de Quilicura remitir los antecedentes al Servicio de Tesorerías para que verifique esos demás requisitos.