La Contraloría General de la República se pronunció sobre si tiene atribuciones para fi…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si tiene atribuciones para fiscalizar la inversión de recursos públicos que el Estado transfiere a universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, en particular los fondos de las asignaciones de financiamiento del acceso gratuito a la educación superior correspondientes al año 2017. El organismo concluyó que sí cuenta con esa facultad, en los términos consignados en el dictamen. Para llegar a esta conclusión, consideró que los fondos de dichas asignaciones quedan comprendidos en los supuestos regulados por el artículo 25 de la ley N° 10.336, que la glosa común del programa Educación Superior de la Ley de Presupuestos de 2017 obliga a estas instituciones a informar a la Contraloría sobre el uso de los recursos que reciben, y que un criterio contrario dejaría sin control una cantidad importante de fondos públicos. Asimismo, señaló que una interpretación que produzca efecto útil debe reconocer la creciente entrega de ayudas a la educación superior mediante las leyes de presupuestos.
Normas citadas
pol art/98
ley 10336 art/1
ley 10336 art/5 inc/2
ley 10336 art/6 inc/2
ley 10336 art/25
ley 10336 art/85 inc/3
ley 10336 art/142
ley 18591 art/50 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Las glosas de la Ley de Presupuestos obligan a universidades e institutos que reciben fondos fiscales a informar a la Contraloría sobre su uso?
Según el dictamen, sí. La glosa común del programa Educación Superior de la Ley de Presupuestos de 2017 obliga a estas instituciones a informar a la Contraloría sobre el uso de los recursos que reciben.
¿Por qué la Contraloría considera que puede fiscalizar estos fondos aunque sean entregados a instituciones privadas?
La Contraloría sostuvo que estos fondos quedan comprendidos en los supuestos del artículo 25 de la ley N° 10.336, y que una interpretación contraria dejaría sin control una cantidad importante de fondos públicos. Además, una interpretación con efecto útil debe reconocer el creciente uso de leyes de presupuestos para entregar ayudas a la educación superior.
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