La Contraloría General de la República se pronunció sobre pagos en exceso efectuados a…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre pagos en exceso efectuados a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario (FSCU) de universidades del Consejo de Rectores, originados en errores de cálculo de los montos correspondientes al año 2012. Concluyó que, si bien las universidades deben proporcionar parte de la información para el cálculo, corresponde al Ministerio de Educación verificar oportunamente los antecedentes que deben aplicarse. Por ello, no resulta procedente solicitar la restitución de los fondos a las instituciones; el Ministerio deberá descontar esos montos de los aportes futuros que correspondan a los FSCU, mediante actos administrativos fundados. Solo si se suspendiera la entrega de fondos por este concepto podría exigirse la devolución de lo asignado indebidamente. Además, el Ministerio debe adoptar medidas para que sus futuros procedimientos de distribución se ajusten a la normativa aplicable.
Normas citadas
ley 18591 art/70
ley 18591 art/71 bis inc/2
ley 18591 art/75
ley 18591 art/71 bis lt/a
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Quién es responsable de verificar los antecedentes para el cálculo de los aportes a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario?
En este caso, la Contraloría sostuvo que, aunque las universidades deben proporcionar parte de la información, es el Ministerio de Educación quien debe verificar oportunamente los antecedentes que deben aplicarse al cálculo. Por ello, los errores de cálculo detectados no se trasladan a las instituciones para su restitución.
¿Qué medidas debe adoptar un ministerio tras detectar pagos en exceso en la distribución de fondos a universidades?
En este caso, la Contraloría dispuso que el Ministerio de Educación debe descontar los montos pagados en exceso de los aportes futuros a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, mediante actos administrativos fundados. Además, debe adoptar medidas para que sus futuros procedimientos de distribución se ajusten a la normativa aplicable.
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