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La Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de protección deducido por una muje…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de protección deducido por una mujer en contra del SERVIU Región de Arica y Parinacota, que había negado autorizar la regularización de una vivienda conforme al DL 2.695. La recurrente pretendía la continuación del trámite respecto de un inmueble asignado a su cónyuge, pagado por ella desde 1996 y del cual se encontraba separada de hecho. El SERVIU denegó la solicitud por no cumplir los requisitos de la Resolución Exenta N°14.464, particularmente la consolidación de la ocupación mediante la construcción de viviendas. El tribunal concluyó que el acto administrativo estaba motivado y ajustado a las normas, que la vivienda fue construida por el organismo recurrido y que las ampliaciones posteriores no bastaban para estos efectos. Además, estimó que los argumentos de ilegalidad y arbitrariedad solo se invocaron en el recurso de protección y no en la sede administrativa, por lo que no se acreditó la vulneración de garantías constitucionales.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1° y 2°, Constitución Política de la República
  • Artículo 20, Constitución Política de la República
  • Decreto Ley N° 2.695
  • Artículo 8°, Decreto Ley N° 2.695
  • Artículo 7°, Decreto Supremo N° 62 (V. y U.) de 1984
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Preguntas frecuentes

¿Puede el SERVIU negar la regularización de una vivienda bajo el DL 2.695 si la ocupación no está consolidada?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que el SERVIU actuó conforme a derecho al denegar la regularización, porque la ocupación no cumplía los requisitos de la Resolución Exenta N°14.464, en especial la consolidación mediante la construcción de viviendas. Las ampliaciones posteriores realizadas por la ocupante no bastaron para estos efectos.

¿Puede la cónyuge separada de hecho exigir la continuación del trámite de regularización de un inmueble asignado al otro cónyuge?

En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección, por lo que no acogió la pretensión de continuar el trámite respecto de un inmueble asignado al cónyuge. La decisión se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para la regularización.

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