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Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores SpA dedujo un requerimiento de inaplicabil…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores SpA dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la segunda parte del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y contra el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo. La requirente había sido denunciada por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de un despido, y la sanción de exclusión por dos años para contratar con el Estado le fue impuesta como consecuencia. Sostuvo que esa exclusión vulneraba la igualdad ante la ley y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, por estimar que la exclusión es una medida legítima del legislador para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y una consecuencia razonable de conductas que afectan derechos laborales. Además, señaló que el reproche de la requirente se vincula al derecho administrativo, en la incorporación al registro de proveedores, y no al interior de la relación laboral, por lo que podrá impugnarse por las vías administrativas o judiciales pertinentes.

Normas citadas

  • Artículo 4°, inciso primero, segunda oración, Ley N° 19.886
  • Artículo 495, inciso final, Código del Trabajo
  • Artículo 19 N°s 2 y 3, Constitución Política de la República
  • Código Penal (delitos concursales)
inaplicabilidadinconstitucionalidadderechos fundamentalescontratación administrativaprácticas antisindicalesigualdad ante la leyproporcionalidadrazonabilidad

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir a una empresa de contratar con el Estado como sanción por vulnerar derechos fundamentales de un trabajador en un despido?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que la exclusión por dos años para contratar con el Estado es una medida legítima del legislador para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, y una consecuencia razonable de conductas que los afectan.

¿Vulnera la igualdad ante la ley o la proporcionalidad la inhabilitación para contratar con el Estado impuesta a un proveedor por una sanción laboral?

En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó el reproche de igualdad y de proporcionalidad, porque la requirente sostenía que la exclusión era desproporcionada, pero el tribunal la consideró una medida razonable del legislador para proteger a los trabajadores.

¿Dónde se puede impugnar la exclusión de un proveedor del registro para contratar con el Estado si la sanción se originó en una causa laboral?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que el reproche se vincula al derecho administrativo, en la incorporación al registro de proveedores, y no al interior de la relación laboral, por lo que puede impugnarse por las vías administrativas o judiciales pertinentes.

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