La Corte de Apelaciones acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Corte de Apelaciones acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una sociedad limitada, que fue condenada por prácticas antisindicales y sancionada con la prohibición de contratar con el Estado por dos años. La empresa argumentó que dicha sanción vulneraba la igualdad ante la ley, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el debido proceso. El tribunal estimó que la exclusión automática de contratar con el Estado, sin un juzgamiento previo que considere las circunstancias del caso, resulta inconstitucional, declarando inaplicables las normas impugnadas de la Ley N° 19.886 y del Código del Trabajo.
Normas citadas
Art. 4°, inciso primero, segunda parte, L. 19.886
Art. 495, inciso final, Código del Trabajo
Art. 19 N°s 2 y 3 de la Constitución
Art. 1°, inciso cuarto, de la Carta Fundamental
Art. 19, N° 26, constitucional
Art. 19 N° 24, de la Constitución
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que una empresa quede excluida automáticamente de contratar con el Estado por haber sido condenada por prácticas antisindicales?
En este caso, la Corte de Apelaciones estimó que no, porque la exclusión automática, sin un juzgamiento previo que considere las circunstancias del caso, resulta inconstitucional. Por ello, declaró inaplicables las normas de la Ley N° 19.886 y del Código del Trabajo que la imponían.
¿Puede una sanción de inhabilidad para contratar con el Estado aplicarse sin considerar la razonabilidad y proporcionalidad del caso?
Según este fallo, no. La Corte de Apelaciones sostuvo que la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y que su aplicación sin un juzgamiento que considere las circunstancias concretas vulnera la Constitución.
¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra normas que sancionan a empresas en materia laboral?
En este caso, una sociedad limitada condenada por prácticas antisindicales presentó el requerimiento alegando vulneración de la igualdad ante la ley y del debido proceso. La Corte de Apelaciones lo acogió y declaró inaplicables los preceptos impugnados.
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