Resumen del criterio jurisprudencial
La sentencia del Tribunal Supremo de España desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por SOCIETAT DE ARRENDAMENTS 2007 NN, S.L.U. contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 2024, que denegó su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. La reclamación se basaba en los daños y perjuicios sufridos por la limitación de la actualización de rentas de arrendamiento de vivienda impuesta por el artículo 46 del Real Decreto-ley y sus prórrogas. El demandante, un arrendador, solicitaba una indemnización de 631.495,20 € por las pérdidas ocasionadas al no poder ajustar las rentas al IPC. El Tribunal consideró que la medida adoptada por el gobierno era una intervención legítima y proporcionada en el mercado del alquiler para mitigar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Ucrania, con el fin de proteger a los colectivos vulnerables. Se argumentó que el daño alegado no era antijurídico, ya que el arrendador no tiene un derecho absoluto a una actualización ilimitada de la renta, y la medida fue temporal y general. La sentencia confirma el acuerdo impugnado e impone las costas procesales al recurrente, limitadas a un máximo de 4.000 euros.