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El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso contencioso-administrativo interpues…

Sentencia

Resumen

El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una sociedad arrendadora contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 2024, que había denegado su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. La sociedad reclamaba una indemnización de 631.495,20 euros por la limitación de la actualización de las rentas de contratos de arrendamiento de vivienda impuesta por el Real Decreto-ley y sus prórrogas. El Tribunal confirmó el acuerdo impugnado por considerar que la medida fue una intervención legítima, general y temporal, adoptada para mitigar los efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania y proteger a los arrendatarios vulnerables, por lo que el daño alegado no era antijurídico. Impuso las costas a la recurrente, limitadas a 4.000 euros más IVA si procediere.

Normas citadas

  • Real Decreto-ley 6/2022
  • Real Decreto-ley 11/2022
  • Real Decreto-ley 20/2022
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Preguntas frecuentes

¿Procede indemnizar por responsabilidad patrimonial del Estado legislador si una ley limita la actualización de las rentas de arrendamiento de vivienda?

En este caso, el Tribunal Supremo sostuvo que no procede. Consideró que la limitación fue una intervención legítima, general y temporal, destinada a mitigar los efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania y a proteger a arrendatarios vulnerables, por lo que el daño alegado no era antijurídico.

¿Cuándo el daño causado por una norma con rango de ley es antijurídico y da derecho a indemnización?

En este caso, el Tribunal Supremo estimó que el daño alegado por la arrendadora no tenía el carácter de antijurídico porque la medida era general, temporal y tenía una finalidad de interés social. Por esa razón confirmó la denegación de la reclamación.

¿Puede un arrendador reclamar al Estado una indemnización por la congelación de rentas dispuesta en decretos-leyes de respuesta a la crisis de Ucrania?

En este caso, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de una sociedad arrendadora contra el acuerdo que denegó su reclamación. Sostuvo que las medidas de limitación de la actualización de rentas, adoptadas por los reales decretos-leyes y sus prórrogas, eran legítimas y no generaban derecho a indemnización.

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