Resumen
El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación del Estado contra una sentencia que condenó a indemnizar a una recurrente por lesiones sufridas durante una detención policial sin atención médica. La discusión central era si el Estado debe cumplir las decisiones de los Comités de la ONU, como el Comité contra la Tortura. El tribunal sostuvo que, aunque dichas resoluciones no son vinculantes per se, los hechos que revelan —como la fractura nasal de la detenida y la falta de asistencia médica— constituyen infracciones al artículo 15 de la Constitución (prohibición de tortura), generando responsabilidad patrimonial estatal independientemente de la calificación penal. La ausencia de explicación administrativa sobre el origen de las lesiones refuerza dicha responsabilidad.