Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la Resolución N° 31, de 2011, de la Fiscalía Nacional Económica, que afinó un sumario administrativo por el extravío de un notebook y aplicó la medida de censura a dos funcionarias. El organismo constató que no existe constancia de que una de ellas haya sido notificada de la resolución que aplica la sanción, y que tampoco consta alguna gestión posterior de su parte que permita tenerla por notificada tácitamente, conforme a la Ley N° 18.834 y a la Ley N° 19.880. Por ello, concluyó que se afectó su derecho a defensa. Además, instruyó a la Fiscalía a dar de baja el bien extraviado mediante acto administrativo exento y a comunicarlo al encargado del inventario.