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La Contraloría General de la República representó el decreto N° 1.332, de 2011, del Min…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República representó el decreto N° 1.332, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que concedía una subvención a la Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, por no ajustarse a derecho. El organismo constató que la vigencia del convenio excedía el año 2011, contrariando la glosa 01 de la Partida 50, Capítulo 01, Programa 02, de la ley N° 20.481 de Presupuestos para 2011, que limita dicha vigencia a ese año. Además, indicó que los convenios sólo producen efectos desde su total tramitación y no desde su emisión, y que la exigencia de rendir cuentas ante el S.D.S.P. no era procedente, correspondiendo esa función al Ministerio de Hacienda conforme a la resolución N° 759, de 2003. Asimismo, precisó que la referencia a la resolución N° 375, de 2003, debía entenderse hecha al decreto del mismo número, año y origen que aprueba el reglamento de la ley N° 19.862.

Normas citadas

  • ley 20481
  • res 759/2003 Contr
  • ley 19862
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un convenio de subvención con una fundación extenderse más allá del año presupuestario si la glosa presupuestaria lo limita a ese año?

No. En este caso, la Contraloría representó el decreto que concedía la subvención porque la vigencia del convenio excedía el año 2011, contrariando la glosa de la Ley de Presupuestos 2011 que limitaba dicha vigencia a ese año.

¿Desde cuándo producen efectos los convenios de transferencia de fondos públicos a entidades privadas?

Según este dictamen, los convenios sólo producen efectos desde su total tramitación y no desde la fecha de su emisión, criterio que la Contraloría aplicó en el caso de la subvención a la fundación.

¿A quién corresponde recibir la rendición de cuentas de una subvención otorgada por el Ministerio de Hacienda?

En este caso, la Contraloría sostuvo que exigir la rendición de cuentas ante el S.D.S.P. no era procedente, pues esa función corresponde al Ministerio de Hacienda conforme a la resolución N° 759, de 2003.

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