Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 768 de 2011 del Ministerio de Justicia, que aprueba un convenio complementario, por encontrarse ajustado a derecho. Con todo, hizo presente con alcance que los recursos transferidos deben destinarse únicamente al desarrollo de los programas o proyectos que ejecuta la entidad beneficiaria, y no a financiar actividades propias de su funcionamiento permanente. Lo fundó en el inciso final del artículo 7° de la ley N° 20.481, de Presupuestos del Sector Público para 2011, y en la jurisprudencia administrativa del organismo. Según el dictamen, para que esos egresos sean procedentes se requiere una autorización expresa en el presupuesto del órgano que transfiere, exigencia que no se cumplía en este caso. Por ello, la nueva entrega solo puede usarse para pagar las prestaciones del personal contratado para el programa pactado previamente entre las partes.